La opinión consultiva número 24 de la CIDH: un aporte al régimen democrático nacional y al fortalecimiento de convivencias pacíficas.

Fecha Publicación: 16/01/2018

La opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): un aporte al régimen democrático nacional y al fortalecimiento de convivencias pacíficas.

El 9 de enero del año 2018 ha marcado un momento trascendental en la vida democrática de Costa Rica, tanto en su nivel formal legal como en el de la convivencia cotidiana entre las personas. Sin duda alguna, el gran ganador ha sido el país y nuestra sociedad en su conjunto, especialmente, porque la opinión consultiva efectuada por el gobierno y resuelta por la CIDH, devuelve a un importante sector de la población, su condición plena de sujetos humanos y de ciudadanía, situación que debería alegrarnos profundamente a todas las personas que creemos en la democracia y en un Estado de Derecho.

Es fundamental traer a la memoria algunos elementos de nuestro marco jurídico nacional e internacional para poder comprender mejor el fallo en sí mismo y su relevancia. Costa Rica, de forma soberana, suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969 y aprobó, desde la Asamblea Legislativa, que fuese vinculante. Además, reconoció la Corte Interamericana desde 1979, firmando un Convenio de Sede y comprometiéndose a acatar las disposiciones de la Corte. De manera que, dicho dictamen es de acatamiento obligatorio para nuestro país y demás países miembros. Esta circunstancia constituye otro elemento que suma satisfacción. Lo anterior, se respalda en el Artículo 7 de la Constitución Política de este país, que señala: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes”.

Aunado a lo anterior, nuestra Carta Magna, en su Artículo 33, indica lo siguiente: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. De ahí, la trascendencia de la respuesta de la CIDH a la consulta, no sólo porque implica que un sector de la sociedad va a poder acceder, por fin, a derechos fundamentales protegidos por la Convención Americana de los Derechos Humanos, sino porque nos permite avanzar en el camino de la democracia, en la construcción de una sociedad que reconozca y valore la diversidad humana como parte de nuestra esencia y en el fortalecimiento de una cultura de paz, desde la cual se promueve la convivencia social en un marco de respeto de todos los derechos humanos para todas las personas. El criterio de la CIDH precisamente subraya el hecho de que las diferencias no son lo mismo que las desigualdades y que las diferencias nunca justifican la discriminación.

Tomando en cuenta que la naturaleza jurídica de los colegios profesionales en el país es de carácter público no estatal y que en los considerandos de nuestro Código de Ética y Deontológico se rescata el espíritu democrático de nuestro Colegio y su compromiso con el bienestar de la sociedad, deseamos exhortar a todas las personas para que contribuyamos juntas como sociedad, no solo al respeto de las medidas que esta opinión consultiva implica, sino también a la dignidad humana de todas las personas, indistintamente de su orientación sexual e identidad género.

De igual manera, hacemos un llamado vehemente a todas las personas profesionales en Psicología a cumplir con el quehacer de nuestra profesión, el cual, tal como nuestro Código de Ética indica en su considerando, “está dirigido tanto hacia el ser humano como hacia la sociedad y que, por lo tanto, su compromiso esencial es con la persona, su dignidad, libertad y derechos humanos”. Sigamos siendo agentes facilitadores del cambio cultural hacia una sociedad más justa, igualitaria, pacífica y respetuosa de la diversidad.

Tal como nos enseñó uno de nuestros referentes latinoamericanos, Ignacio Martín-Baró (1985), “se trata de poner el saber psicológico al servicio de la construcción de una sociedad donde el bienestar de unos pocos no se asiente sobre el malestar de los más, donde la realización de los unos no requiera la negación de los otros, donde el interés de los pocos no exija la deshumanización de todos. Como psicólogos no podemos volver la espalda a los procesos socio-políticos, bajo la disculpa de que no son de nuestra incumbencia. Lo son y ello por requisito de nuestro trabajo a favor del desarrollo humanizador e integral de los grupos y personas” (p. 111)[1].

Un Mensaje de la Junta Directiva del CPPCR.

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[1] Martín-Baró, I. (1985). El papel del Psicólogo en el contexto centroamericano. En: Boletín de Psicología, vol. 4, núm. 17, pp. 99-112.