Pronunciamiento de los Colegios Profesionales Universitarios ante ola de femicidios

Fecha Publicación: 21/10/2024

CPPCR se une al llamado del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas

Considerando que:

• Costa Rica ha desarrollado un marco jurídico robusto a lo largo de las últimas cuatro décadas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, incluyendo la creación de leyes específicas y políticas públicas como la Ley Contra la Violencia Doméstica (1996) y la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (2007).
• La violencia contra las mujeres sigue en aumento. Según datos del Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia del Poder Judicial, durante todo el 2023 Costa Rica registró 22 femicidios en mientras que al 13 de junio de 2024, habían ocurrido 29 muertes violentas de mujeres, de las cuales 10 muertes habían sido clasificada como femicidios y 18 estaban pendientes de clasificar por parte de la Subcomisión lnterinstitucional de Prevención de Femicidios.
• La justicia no está siendo pronta y Dado que, según investigaciones de la Universidad de Costa Rica, solo el 29% de femicidios concluyen en una condena para el asesino, como lo demuestran datos del Poder Judicial. Entre el 2007 y el 2022 hubo 430 femicidios, de los cuales solo 121 concluyeron en una sentencia condenatoria para la persona responsable del hecho.
• El femicidio no sólo afecta a las mujeres; también es un duro golpe para las familias. Entre 2016 y junio de 2024, al menos 274 personas perdieron a su madre como resultado de un femicidio, según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, del Poder Judicial. De ese total de víctimas indirectas, 191 eran menores de edad al momento de los hechos (70%). Gran parte del 30% restante lo constituyen personas adultas mayores y con discapacidad que eran dependientes económica y emocionalmente de la mujer que murió a causa del femicidio, dejando claro que este tipo de violencia debilita el tejido social, perpetúa un ciclo de miedo e inseguridad y mina la confianza en las instituciones.
• los Colegios Profesionales Universitarios son una representación de la ciudadanía que no debe quedar fuera de una discusión que impacta a las familias y a la sociedad como un Como actores sociales, ustedes tienen un papel fundamental que desempeñar en la ardua labor de hacer frente a todos los tipos de violencia, principalmente de aquella que arrebata la vida de las personas, en este caso mujeres.

 La Junta Directiva del Colegio del Colegio de Profesionales en Psicología, acuerda:

1. Reafirmar el compromiso de este Colegio con la lucha por una sociedad donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y discriminación, con pleno acceso a la justicia y a la protección de sus derechos humanos

2. Pronunciarnos enérgicamente contra los femicidios y demandar a las autoridades que se refuercen las acciones del Estado para prevenir y sancionar estos crímenes con todo el peso de la ley.

3. Solidarizarnos con las familias que han pasado por el lamentable flagelo del femicidio y que merecen recibir por parte del Estado una reparación integral que incluya apoyo psicológico, asistencia legal, compensaciones económicas y medidas de acompañamiento social, con el fin de restituir sus derechos y contribuir a su proceso de sanación y resiliencia, conforme a la Ley Nº 10263 “Ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio” y sus reformas.

4. Solicitar al Presidente de la República, señor Rodrigo Chaves Robles, articular y fortalecer los mecanismos institucionales para atender con carácter de emergencia, el alza en los femicidios, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y asegurando recursos adecuados para intensificar las campañas de sensibilización, mejorar la protección y atención a las víctimas, y promover una cultura de igualdad y no violencia.

5. Instar a la Asamblea Legislativa avanzar con la mayor prontitud posible en la aprobación de proyectos de Ley que fortalezcan los mecanismos legales para que el Estado pueda garantizar el derecho de mujeres y niñas a una vida libre de violencia, entre ellos, los siguientes doce Proyectos de Ley, tal y como han solicitado diputadas de todas las Fracciones Legislativas:

• Expediente Nº 23.634: Reforma del artículo 293 del Código Procesal Penal, ley Nº 7594 del 4 de junio de 1996.
• Expediente Nº 655: Ley contra la Desaparición Forzada de Personas.
• Expediente Nº 2;3.729: Reforma del artículo 36 de la Constitución Politica para limitar el derecho de abstenerse a declarar en delitos que cometan familiares contra personas menores de edad, y otras víctimas de violencia intrafamiliar y de género.
• Expediente Nº 23.348: Adición de un párrafo segundo al artículo 51 y al artículo 56 de la Constitución Politica para el reconocimiento de los cuidados como derecho constitucional.
• Expediente Nº 303: Reformas y Adiciones a la Ley Nº 10263, Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Feminicidio, del 6 de mayo del 2022.
• Expediente Nº 311: Ley de Alerta y Rápida Acción ante la Desaparición o no Localización de una mujer mayor de edad en Costa Rica.
• Expediente Nº 24.326: Ley “Educar para la igualdad y equidad”: Fortalecimiento de la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres por razón de género.
• Expediente Nº24.327: Ley para Adicionar los incisos 14) y 15) al artículo 4 de la Ley Orgánica de Investigación Judicial. Creación del Banco de Material Genético y Seguimiento de Ofensores de Delitos Sexuales.
• Expediente Nº 367: Adiciones al Código Penal, Ley Nº 4573 de 04 de mayo de 1970 y a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, Nº 8589 del 25 de abril de 2007 y sus reformas. Ley para Tipificar la Sumisión Química dentro de Delitos Sexuales.
• Expediente Nº 23.719: Ley para la promoción de la Economía de los Cuidados, y el Fortalecimiento de los Servicios de Cuidado, atención a la dependencia y apoyos para la autonomía personal.
• Expediente Nº 191: Mejora de Capacidades del Organismo de Investigación Judicial en la Prevención y Combate del Crimen.
• Expediente Nº 23.633: Ley para la Institucionalización Legal del Protocolo de las 72 horas y los Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales (ERRV).

6. Hacer un llamado a la ciudadanía a asumir su responsabilidad social para contrarrestar los discursos de odio y discriminación en todas sus formas, reconociendo el impacto que estos tienen en la perpetuación de la violencia de género y en la seguridad de las mujeres en Costa Rica.