Autorregulación genera cambios en el Reglamento de Evaluaciones de Idoneidad Mental para portar y poseer armas de fuego

Fecha Publicación: 05/10/2018

CPPCR-05102018- CDP-025-2018 

 

Cambios rigen a partir de la publicación en la Gaceta el 27 de setiembre del 2018

 

Autorregulación genera cambios en el Reglamento de  Evaluaciones de Idoneidad Mental para portar y poseer armas de fuego

– En Asamblea General Extraordinaria 114-2018.

El gremio de profesionales en Psicología de Costa Rica, aprobó realizar modificaciones al reglamento que regula ética y técnicamente las Evaluaciones de Idoneidad Mental para portar y poseer armas de fuego o laborar en seguridad privad. Lo anterior, en cumplimiento de la fiscalización delegada por el Estado Costarricense.

“En el contexto de la construcción de una cultura de paz y ante las reformas aprobadas en firme al reglamento; nuestro objetivo máximo es que el proceso de evaluación sea más riguroso, técnico y ético, con esto ayudamos a  que menos armas legales circulen en la calle”, comentó Waynner Guillén Jiménez, Presidente del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR).

Dentro de los principales cambios aprobados destacan:

1. Establecimiento de una recomendación técnica  en cuanto a la duración de la evaluación, con un tiempo mínimo  recomendado de 6 horas y 30 minutos.

2. Mayores parámetros técnicos para la Fiscalización del ejercicio profesional.

3. Aumento de 10 horas en los procesos de habilitación (ahora serán 50), mismos que acreditan al profesional por parte de este colegio profesional para la realización de estas evaluaciones, además de establecer 3 años de incorporación para los que quieran hacer este tipo de evaluación. 

“Desde el 01 de abril anterior, digitalizamos el proceso de venta y uso de los certificados, a través de la plataforma conocida como Servicio de Idoneidad Mental (SEDIM). El paso que estamos dando en va en dirección de mayor regulación”, dijo Guillén.

El CPPCR manifiesta el compromiso con la prevención del crimen, por medio de políticas estatales de respeto a los Derechos Humanos. Además, la posesión de armas letales por particulares debe ser una excepción basada en situaciones muy calificadas, con la garantía de guardarlas responsablemente y utilizarlas solo en casos limitados de defensa.