Por una salud mental integral y corresponsable en las aulas costarricenses
Fecha Publicación: 09/05/2025
En seguimiento del pronunciamiento: “CPPCR urge a autoridades a incorporar a profesionales en Psicología en Centros Educativos”, el Colegio de Profesionales en Psicología informa a nuestra membresía y a la población costarricense que, como parte de las gestiones para respaldar la Ley N.º 24 528: “Declaratoria de Interés Público e Inclusión de un plan de Salud Mental en el sistema educativo costarricense”, hemos iniciado los primeros contactos con las Juntas Directivas de los colegios profesionales que intervendrían en la atención y protección de la salud mental de la población estudiantil, con el fin de establecer definir lineamientos técnicos y acciones conjuntas para proteger y promover la salud mental de la población estudiantil.
Desde nuestro Colegio, tenemos como objetivo recordar a las autoridades de Gobierno, concernientes en el asunto, que la Psicología aporta una diversidad de especialidades capaces de responder a los distintos retos que se presentan en los centros educativos. La psicología educativa promueve entornos de aprendizaje saludables y estrategias de gestión socioemocional en el aula; la psicología clínica brinda intervención y acompañamiento individual o grupal ante problemas emocionales; mientras que ramas como la psicología comunitaria fortalecen la prevención y la participación de las familias y comunidades. Reconocer y aprovechar este abanico de competencias es crucial para que la Ley se traduzca en respuestas efectivas, adaptadas a cada contexto escolar.
Al mismo tiempo, la protección de niños, niñas y adolescentes requiere un trabajo interdisciplinario y colaborativo. Orientadores, docentes, profesionales en trabajo social y otras disciplinas son aliados naturales en esta tarea; juntos conformamos equipos capaces de identificar señales de alerta, activar rutas de derivación y sostener procesos de acompañamiento de largo plazo.
El CPPCR reafirma su disposición para continuar generando acciones, acompañar la redacción del reglamento de la Ley N.º 24 528 y defender la asignación de recursos que permitan cumplir con el derecho de la población estudiantil a desarrollarse en ambientes seguros, inclusivos y emocionalmente saludables.
