Mensaje Oficial de la Presidencia y Fiscalía de la Junta Directiva del CPPCR – Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica
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COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA

Mensaje Oficial de la Presidencia y Fiscalía de la Junta Directiva del CPPCR

Fecha Publicación: 25/11/2020

 

 

Buenos días estimadas personas colegiadas.

Como Colegio Profesional son muchos los objetivos y estrategias que hemos trabajado a lo largo de este año y en años anteriores, siempre en apego a nuestra normativa y a los mandatos que la Asamblea General establece año con año.

Nuestra Ley orgánica establece los diversos fines por los cuales fue creado nuestro Colegio, todos orientados a la promoción del estudio y desarrollo de la ciencia psicológica, la regulación y fiscalización del ejercicio de la profesión en apego a las normas éticas y deontológicas y el acercamiento de la disciplina a las personas usuarias. En esta misma línea, la Asamblea General ha aprobado para el periodo 2019-2022 la misión organizacional, la cual dicta: “asegurar la excelencia en la calidad del ejercicio profesional de la Psicología a través del desarrollo de los miembros del Colegio y de proyectar el quehacer en temas de interés público para mejorar la sociedad costarricense, en un marco de respeto al ser humano con base en principios científicos, éticos, legales y de solidaridad”.

Asimismo, desde hace varios años, hemos promulgado como Colegio Profesional que los tres valores principales que nos deben identificar como gremio profesional son: el respeto, la responsabilidad y la solidaridad.

Como Presidente de la Junta Directiva del periodo 2019 – 2020 y de cara a mi salida en este puesto de representación y servicio, no deseo dejar pasar la oportunidad para referirme a una serie de situaciones que han venido sucediendo e incrementándose conforme pasan los años y que, no solo no contribuyen a la misión antes mencionada y evidencian el irrespeto en contra de nuestros valores organizacionales, sino que, además generan una serie de situaciones adversas para nuestro posicionamiento gremial y prestigio profesional frente a la opinión pública, dificultan los esfuerzos de integración gremial, y poco contribuyen con la búsqueda y construcción de soluciones frente a los desafíos que enfrentamos como gremio profesional y como Colegio.

Soy consciente que los puestos que ocupamos las personas directivas de nuestro Colegio y el de la Presidencia en particular, son puestos de servicio que deben ser y son sometidos al escrutinio público y, por tanto, son permeables a la crítica y a la libre opinión pública, y no puede ser de otra forma, al final hemos llegado a ello voluntariamente.

De hecho, conscientes de la responsabilidad que significa la confianza depositada por la Asamblea al elegirnos en nuestros puestos de servicio, y de esto hay suficiente evidencia en toda la documentación pública producto de nuestro trabajo, las actas de nuestras sesiones y la documentación de procesos desarrollados, en mi gestión nos hemos conducido como un cuerpo colegiado que escucha con respeto y atención; que ha estado abierto y ha acogido a aquellas propuestas e iniciativas que eran posibles y pertinentes en el marco de la legalidad y las posibilidades del Colegio; que no ha tenido problemas con consultar muchos de los procesos que se han desarrollado y decidido desde Junta Directiva y que afectan al gremio; que ha convocado y ha ampliado la mayor participación posible de colegas en las distintas iniciativas coyunturales y en las comisiones permanentes de trabajo; que ha respondido todas y cada una de las notas con quejas, sugerencias, recomendaciones y  solicitudes que personas colegiadas de manera individual o en grupo nos han hecho llegar por los mecanismos oficiales explicando de manera amplia nuestras posiciones, competencias, limitaciones y posibilidades; que ha sabido retractarse cuando nos hemos dado cuenta, gracias a su realimentación, que cometimos algún error en la comunicación; que ha concedido las audiencias que nos han solicitado y, en fin, que nos hemos conducido con humildad, transparencia y diligencia.

Hemos respetado profundamente la libertad de expresión de las personas colegiadas, incluso cuando ha sido formulada de manera incómoda, injusta e irrespetuosa, tanto las que han utilizado las vías y los medios de comunicación adecuados, a quienes hemos respondido siempre desde el respeto, como de quienes no lo han hecho por esa vía.

Incluso, durante estos dos años, nos hemos abstenido de responder o actuar frente a comentarios que algunas personas colegiadas han realizado y acostumbran realizar en otros medios y espacios de comunicación, aún a pesar de que no siempre fueron respetuosas, se basaban en informaciones equivocadas o falsas, desinformaciones, falacias e imprecisiones, o se hacían desde una perspectiva poco asertiva y constructiva precisamente por no usar los mecanismos de comunicación dispuestos para la realimentación y la construcción colaborativa, y aún cuando se hacen desde el anonimato o, incluso, procuraban claramente poner en duda la reputación de personas honorables, sin ninguna evidencia.

En ese sentido, he observado con preocupación que se ha convertido en una práctica cada vez más usual, leer e identificar diversos comentarios a través de medios digitales como las redes sociales y grupos de WhatsApp, que distan de establecer consultas o generar espacios de diálogo y por lo contrario realizan ataques personales que manchan la reputación de las personas, sin aportar evidencia, y que son formulados desde cuentas de perfiles falsos en Facebook, lo cual deja mucho que desear de las intenciones de estas personas y es una representación opuesta a los valores de nuestra institución y al ejercicio ético que debe identificar a las personas profesionales en Psicología, faltando a los principios de nuestra juramentación profesional.

Estas acciones son, y lo digo de frente sin esconderme en un perfil falso o en el anonimato, absolutamente reprochables, de poca elegancia profesional y de un pobre nivel de honestidad dado que se esconden en el anonimato. Creo también que son parte de este problema todas aquellas personas colegas que los replican, comparten y dan “me gusta” a fuentes no confiables de información, existiendo en nuestro Colegio mecanismos formales y procedimientos claros y accesibles para denunciar cualquier falta ética que pudiera cometerse desde estos puestos de servicio y de la que tengan conocimiento y evidencia.

El artículo 5 del Código de Ética y Deontológico de nuestro colegio dicta que “toda persona colegiada deberá regirse por los principios de respeto a las personas y colectivos” además que “el desarrollo integral de las personas y colectivos debe ocupar el primer lugar en la acción profesional, de conformidad con valores como: la crítica constructiva, la integridad, la no maleficencia y la veracidad” en todo nuestro quehacer profesional.

Por este motivo en representación de la Fiscalía de nuestro Colegio Profesional expreso nuestra total desaprobación del actuar de personas profesionales en Psicología que, por intereses personales o grupales, y bajo una falsa “bandera de libertad de expresión”, amedrantan, atacan e hieren a personas no solo directivas si no colaboradoras de nuestro colegio.

Las personas colaboradoras de nuestra organización al igual que las que laboran en la Fiscalía de nuestro Colegio efectúan aquello que les ha sido asignado y cumplen los mandatos de la lo que se establece en nuestra normativa para la consecución de sus labores, las diversas tareas que realizan son una obligación correspondiente a su puesto de trabajo por lo cuál no deben ser utilizadas como herramientas para asustar, amenazar y privar de sus libertades y derechos como personas.

Repudiamos este tipo de acciones y apelamos a los profesionales para que realicen el uso correcto de las redes sociales, verifiquen la veracidad de la información que en ella se muestra, pero ante todo que hagan uso de los medios oficiales y formales para evacuar cualquier consulta o interponer las quejas o denuncias que así consideren pertinentes, respetando el marco y la normativa legal vigente.

 

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