Contra el cierre de seis Centros de Atención Integral en Drogas (CAIDS) y dos dispositivos de bajo umbral (dispositivos de atención a personas en Situación de calle, pobreza y pobreza extrema) de IAFA.

Fecha Publicación: 22/04/2021

La coyuntura política y económica de nuestro país, desde una visión estructural ha provocado en los últimos años recortes presupuestarios a los programas de acompañamiento en desarrollo e inversión psicosocial, esto ha generado sistémicamente el cierre de proyectos que inciden directamente en el desarrollo comunitario a lo largo y ancho del país. Es preocupante como desde el aparato estatal se genera exclusión situada con las personas que acceden a estos acompañamientos que sin este tipo de servicios quedan fuera del lazo social. 

Es por ello que desde El colegio de Profesionales en Psicología manifestamos públicamente nuestra inconformidad y oposición a las medidas de cierre de los CAIDS. Una vez más la salud mental de las minorías en pobreza es vulnerada, la cual se sigue viendo como un costo social y no como una inversión de calidad de vida, que genera capital social, en función de la reivindicación del Derecho Humano a la salud mental, de las personas usuarias de sustancias psicoactivas.

Estamos frente a una sociedad neoliberal globalizada, que valora el consumo de bienes materiales, sin reconocer su nexo e impacto directo en la autoestima, la identidad, la depresión, la ansiedad y la problemática social compleja del uso de sustancias psicoactivas.

En la última década, en nuestro país los indicadores de prevalencia respecto al consumo de sustancias psicoactivas se han duplicado, siendo las personas que presentan consumo problemático las que han mostrado mayores dificultades para acceder a los servicios asistenciales. 

A partir del comunicado, se señalan recortes presupuestarios impuestos que impactarán en el cierre de distintos CAID (Centro de Atención Integral en Salud) a lo largo del territorio nacional. Cabe resaltar que dichos lugares brindan atención integral por parte del IAFA mediante equipos interdisciplinarios en las áreas de Medicina, Psicología y Trabajo Social, facilitando un servicio que no requiere un seguro social para su atención – convirtiéndolo en un servicio de acceso universal y cercano a la comunidad-, y partiendo de la realidad de que muchas personas usuarias de sustancias psicoactivas se encuentran en condiciones transitorias de calle, habitantes de calle. Los servicios de los CAIDS son gratuitos y no se requiere estar asegurado por la CCSS para ser atendido (más del 40 % de los usuarios no están asegurados). Por lo que estos cierres afectarán a las clases económicas en pobreza y pobreza extrema que no pueden costear estos tratamientos.

De acuerdo al informe de situación Nacional sobre Drogas y Actividades Conexas por parte del ICD (2019), por cada 10 mil habitantes, los cantones Liberia y Pococí cuentan con tasas de decomisos de marihuana, cocaína, y crack superiores a la media del país. Dicho tráfico y consumo incide en entornos comunitarios con una mayor presencia de problemáticas sociales traducidas en enfermedades físicas y mentales, violencia intrafamiliar, delincuencia, conductas de riesgo, segregación social, narcotráfico, deserción escolar las cuales se han agravado a partir de la crisis sanitaria.

Por lo anterior, eliminar los CAIDS impactará el servicio cercano y universal en salud mental y física que hoy reciben las comunidades, desembocando finalmente a nivel social en una mayor prevalencia de las problemáticas antes descritas. Consideramos que con estas acciones se descuidan aspectos fundamentales, señalados por la OMS: La prevención, el tratamiento y la promoción de la salud mental integral. Las cuáles vienen a aumentar el trauma psicosocial de sufrimiento de las personas afectadas y sus comunidades, al ser excluidas de la atención especializada. Esta atención alcanzó en el año 2019, un total de 28.419 atenciones y en el 2020 se lograron 26.656 atenciones a personas con consumo problemático y sus familias (por lo menos 2 familiares por persona usuaria).

Si bien este recorte presupuestario se da en la coyuntura actual de crisis, no se justifica poner en riesgo a las poblaciones más vulnerables, lo cual va en contra del estado social de derecho que Costa Rica ha construido durante muchas décadas. 

Aunque se planteen estrategias y modelos para combatir las adicciones, la necesidad de un presupuesto para su ejecución se hace imprescindible. Debemos mantener y promover un modelo de cobertura universal de servicio de salud, cada vez más accesible a las personas con problemática de este tipo. 

Exhortamos a las autoridades gubernamentales a resarcir este acto socialmente desigual, con la aprobación de un presupuesto extraordinario, que permita reactivar a la brevedad posible, los servicios y Derechos fundamentales de una de las minorías más desfavorecidas de nuestro país. 

Finalmente, hacemos un llamado a los sectores políticos para que promuevan políticas justas, inclusivas, igualitarias y equitativas.

Junta Directiva

Comisión de Adicciones

Comisión de Psicología Social y Comunitaria.