Pronunciamiento: “Las personas usuarias del consumo de sustancias, más que actores, se convierten en víctimas de este sistema”

Fecha Publicación: 16/10/2023

Respecto a las declaraciones realizadas por el ministro de seguridad, el  señor Mario Zamora Cordero, donde califica a las personas usuarias de sustancias como “cómplices” de crear la situación de homicidios, relacionando la pelea de mercados de venta de drogas, y el sicariato, con las personas consumidoras de sustancias, señalamos:

En primer lugar, deseamos resaltar que la criminalización de las personas usuarias de sustancias ha demostrado en la historia ser una estrategia insuficiente e incluso temeraria para abordar los problemas asociados con el uso de drogas -ya sean drogas ilegales, o de venta regulada- . Los países que han adoptado un enfoque prohibicionista han revelado no tener una eficacia para el control y regulación de las mismas, maltratando en nombre de una guerra contra las drogas, derechos fundamentales, e incluso legitimando la violencia hacia las personas usuarias. Declaraciones como las realizadas por el Sr. Zamora podrían sugerir a los ciudadanos el estigmatizar y perseguir a las personas usuarias de sustancias, incluso si son sus vecinos, o familiares; modelo una vez instaurado en administraciones de los Estados Unidos durante los ochentas, por los gobiernos de Reagan y Nixon.

Las políticas prohibicionistas además debilitan el enfoque de derechos humanos, fomentado estigmas y discriminación a través de formas discursivas, criminalizando además desde la ilegalidad de las drogas, pero por otro lado, se invisibiliza el problema de salud pública creado por las drogas legales.

De acuerdo a Llort, Clua-García (2021), el efecto del modelo represivo puede generar muertes en el nombre de la lucha contra el narcotráfico, además de que, al criminalizar se genera mayor exposición a  la violencia estructural, y la discriminación. Las personas consumidoras de sustancias pueden presentar  problemas de salud física, así como cuadros de salud mental, tales como depresión, síntomas psicóticos y pensamientos suicidas, convirtiéndose además la criminalización de la conducta como un obstáculo para el acceso a la salud. Se debe reflexionar asimismo sobre lo indicado por Michael Soto Rojas, director del OIJ, donde señala que las personas fallecidas se encuentran entre 18 y 30 años, y son masculinos. Además, se conoce que las áreas geográficas donde ocurren la mayoría de estos eventos se caracterizan por ser zonas de alta incidencia de riesgo, con prevalencia de inseguridad, y violencia. Lo que nos invita a reflexionar sobre la situación político, socioeconómica – geográfica que afronta el país, y por qué estas personas acuden a actividades conexas al narcotráfico para la sobrevivencia.

Las personas usuarias del consumo de sustancias, más que actores, se convierten en víctimas de este sistema. Ya que en dichos entornos, sufren violencia simbólica, cotidiana y estructural desde tempranas edades del desarrollo, así como la cohesión de pertenecer a grupos con acceso a armas. Además, se ejerce violencia simbólica y vicaria-coercitiva, que  se caracteriza por la autoculpa y estigma que cargan las personas usuarias de drogas, al integrar el sufrimiento y los daños del consumo como un “castigo” justificable.

Respecto a que las formas discursivas no busquen recortes a las garantías que nos cobija la constitución política, el artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica expresa:

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley. No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.

El consumo de sustancias psicoactivas no es un delito en nuestro país, gracias al avance en políticas de descriminalización.  La criminalización ha demostrado no ser la solución; es hora de avanzar hacia un enfoque más centrado en la persona, y no en la droga. El enfoque basado en la salud pública ofrece una alternativa más efectiva y compasiva, al abordar el consumo de sustancias psicoactivas en lugar de la criminalización, de esta manera se puede reducir riesgos, minimizar el estigma y ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

Es por ello que necesitamos crear consciencia sobre la necesidad de construir  de manera articulada políticas públicas que aborden desde la educación, entorno familiar, comunitario, con replanteamientos jurídicos, conciencia social y una responsabilidad en la que el fenómeno de la violencia por el narcotráfico no es por las personas consumidoras, sino es un sistema más complejo que ha encontrado cabida en otros ámbito,  tanto políticos, sociales, como económicos.

Por tanto, es importante que las sociedades consideren alternativas basadas en la evidencia, como la regulación y la atención integral para abordar de manera más efectiva los problemas asociados con el consumo de sustancias, incrementando recursos de salud pública para ello. Esto no solo podría reducir los daños, sino también promover un enfoque más humano y compasivo hacia las personas que luchan con problemas de adicción, y así, disminuir la demanda de la sustancia. El promocionar estigmas y discriminación no resuelve la situación, mucho menos ir contra los eslabones más débiles de la cadena (personas consumidoras, y distribuidores menores).

Comisión de Adicciones y Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica.