Sobre los efectos del entorno económico y político de la pandemia por COVID-19 en el bienestar-sufrimiento psicosocial de la población costarricense

Fecha Publicación: 24/02/2021

El Colegio de Profesionales en Psicología a través de la Comisión de Psicología Social y Comunitaria, con motivo de la publicación del informe de investigación de UNED-UNA “Salud Mental y relaciones con el entorno en tiempos de COVID-19 en la población costarricense”, se pronuncia a favor de visibilizar el traumatismo en la población, intensificado por los efectos directos de la pandemia.

Los sistemas financieros y mercados internacionales, que definen las relaciones político-económicas a nivel global, determinan las brechas sociales entre los países y dentro de los países, donde la distribución y accesibilidad a la vivienda, educación, trabajo, servicios de salud y necesidades básicas son desiguales, impactando mayoritariamente a los segmentos poblacionales más vulnerables. Estas condiciones de carácter histórico influyen directamente en la salud mental de los colectivos costarricenses, en especial los sectores más desfavorecidos.

Queremos llamar la atención sobre el hecho de que estas condiciones estructurales han estado presentes desde antes de la pandemia, la misma solamente las aumenta. Desde el punto de vista psicosocial, la salud toma gran relevancia más cuando la pobreza, la depresión, la ansiedad, el estrés y el miedo se apoderan de una buena parte de la población, limitándose así el desarrollo integral de la persona y sus comunidades. Las relaciones macro estructurales han generado desigualdades que tienden a verse inconexas de las decisiones políticas y económicas recayendo a su vez la responsabilidad de resolver en la individualidad de la persona y su entorno.

La crisis fiscal que antecede a la pandemia aumenta con el COVID-19. Según el INEC, los índices de pobreza aumentaron de 2019 a 2020 en un 6.1 %, sumando 321.874 personas al total de 1.529.255 personas en condición de pobreza. El desempleo aumentó en unos 9,7 puntos porcentuales, lo que significa 526000 personas desempleadas y el subempleo aumentó en 13,3 %. Según CID-Gallup un 46 por ciento de los hogares costarricenses se encuentran sobre endeudados. Además, según el BCCR, los sectores más deprimidos son: hoteles y restaurantes, sector transporte; la construcción; el comercio; la manufactura y la agricultura. También ha sido ostensible la afectación al sector cultura y la economía informal (cabe resaltar que una buena parte de la población trabaja en este tipo de actividades y su ingreso económico también se ve mermado).

La influencia de estos cambios económicos, políticos, culturales, ambientales, sociales e ideológicos genera un impacto directo en la salud mental de la población costarricense, ensanchando el trauma psicosocial y teniendo resonancias directas en los sectores más desfavorecidos, tan cual lo refleja la reciente investigación de la UNED-UNA.

Según esta investigación un 32% de la población sufre alguna afectación en su salud mental, siendo la depresión, la ansiedad y las dificultades afectivas las más comunes. Además, se vislumbra que otros factores de riesgo son la inestabilidad laboral, el confinamiento y los problemas económicos que lesionan directamente la salud integral de las personas y sus contextos.

Igualmente, en cuanto a los indicadores de depresión, el 61 % identifica un aumento en los reportes de los posibles síntomas. Por otro lado, se evidencia que las mujeres son las que sufren más deterioro, también se logra demostrar que la inestabilidad de un ingreso fijo, aumenta el riesgo de sufrir un deterioro significativo en la salud integral.

En cuanto a los indicadores de ansiedad, el 43,66% obtiene una puntuación catalogable como posible afectación severa de ansiedad generalizada. Se evidencia que, a menor nivel de educación, mayor presencia de indicadores de ansiedad. Quienes trabajan para instituciones públicas tienen menor ansiedad que los que laboran por cuenta propia, de forma independiente o en el sector informal.

En cuanto a la capacidad de resiliencia, que marca el poder del sujeto de ser un agente de catalización personal y comunitaria, la investigación indica que la mayoría (más de la mitad) de los costarricenses no se está adaptando y no logra sobreponerse de forma saludable a la situación de crisis vivida. A menor edad menor capacidad de afrontamiento. Los que trabajan en el sector público puntúan más alta resiliencia que los del sector privado. Lo anterior aunado a la afectación por el miedo al contagio (reacciones corporales y emocionales), que se manifiesta en irritabilidad, cambios de humor, olvidos frecuentes y aumento en el uso de sustancias psicoactivas en la población.

Creemos que las políticas públicas deben priorizar en generar procesos de cambio y desarrollo en las personas y sus comunidades, dando énfasis a aquellas que se encuentren en desventaja por diversas situaciones, por ejemplo: Personas en pobreza y pobreza extrema, población LGBTIQ+, privadas de libertad, trabajadoras del sexo, personas en condición de calle, población indígena y usuarios de sustancias psicoactivas. Asimismo, consideramos que el espíritu de una política pública debe atender las necesidades sentidas de la población y no necesariamente privilegiar un grupo o sector, para crear una sociedad justa e inclusiva.

También consideramos necesario desde el punto de vista de la prevención y promoción de la salud mental integral, generar nuevas plazas para profesionales en psicología en las diferentes instituciones públicas y privadas, desde la atención individual, familiar, grupal y comunitaria, esto con la finalidad de cubrir la alta demanda de los servicios de salud mental que tiene la población, siendo esta una deuda histórica de nuestro país con la sociedad costarricense.

Exhortamos a reconocer e intervenir, la necesidad de balancear las políticas públicas, relacionadas con los aspectos laborales y la salud mental.

Instamos a enfatizar los programas de acompañamiento a personas menores de edad y personas jóvenes, para fortalecer las capacidades ante situaciones adversas.

Finalmente, hacemos un llamado a los sectores políticos a que se permitan incluir y asesorar cuando sea necesario por los diferentes grupos gremiales a través de los colegios profesionales y universidades. Esto con la finalidad de que las políticas públicas y planes nacionales tengan una mayor incidencia en la población, dándose así una mejor justicia social que se vea reflejada en el aumento de la calidad de vida de la población en general.